1936. El Vaticano y España

1936. El Vaticano y España

Profanación de la iglesia de El Carmen de Madrid 1936

De la Introducción del libro, escrita por Vicente Cárcel Ortí

El título de este libro evoca la fecha más trágica de la historia de España, de la que se cumplen 80 años en 2016. En él intento resumir los grandes temas o cuestiones que giran alrededor de aquella emblemática fecha del decenio más traumático y sangriento de nuestro siglo XX, analizados a partir de la documentación conservada en cuatro archivos de la Santa Sede; tres de ellos reunidos en el Archivo Secreto Vaticano (ASV): el de la Secretaría de Estado (Segr. Stato) y los de las nunciaturas apostólicas de Madrid (Arch. Nunz. Madrid) y París (Arch. Nunz. Parigi); y el cuarto, el histórico de la antigua Sagrada Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios (AA.EE.SS.-IV Periodo), dependiente hoy de la Segunda Sección de la Secretaría de Estado (para las Relaciones con los Estados).

Los documentos más numerosos, extensos e interesantes  proceden de la Nunciatura de Madrid, hasta noviembre de 1936; desde julio de 1937 hasta junio de 1938, de la delegación pontificia en San Sebastián, y desde junio de 1938, de la Nunciatura ante el nuevo Estado. Mientras que, durante el trienio bélico fue el nuncio en Francia quien informó puntualmente desde París a la Secretaría de Estado del desarrollo de la guerra, de la situación de los sacerdotes huidos de la España republicana, de las gestiones para mitigar los horrores del conflicto y de otros aspectos relacionados con él.

A través de las ponencias y de las actas de las reuniones plenarias de la S.C. de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios (Rapporti delle Sessioni), presididas por el cardenal Secretario de Estado, pueden seguirse los momentos más importantes de este decenio: Situación religiosa y del cardenal Segura (1931), nuevo embajador cerca de la Santa Sede (1934), Modus vivendi, Basílica Liberiana y Obra Pía Española (1935), Guerra Civil (1936), Situación político-religiosa y reconocimiento del Gobierno nacional (1937), Derecho de Patronato pretendido por el nuevo Estado (1938).

Se trata, pues, de fuentes primordiales para el mejor conocimiento de un decenio muy convulso y polémico, con las que pretendo contribuir a crear un clima de serenidad muy necesario tanto para el historiador. Mis investigaciones nacen con voluntad crítica respecto a la instrumentalización de la memoria histórica reciente y su primer objetivo es poner en evidencia que ni la memoria es singular, ni su recorrido es unilateral. La memoria es plural y oscilante, y la primera obligación del historiador es explorarla en toda su extensión y plenitud, con todos sus contrastes.

Quien critica, como quien elogia, debe ser honesto y partir de los documentos y no de sus prejuicios; debe ser ante todo sereno, porque la investigación histórica es amiga del silencio, sus ámbitos son los archivos y las bibliotecas: lugares severos en los que el único murmullo que se escucha es el provocado por el lento paso de los papeles, de las hojas de los libros y del sutil teclado de los ordenadores. Y esto es tanto más necesario hoy, cuando parece que el mundo de los historiadores ya no es este, sino el de los gritos, ruidos y polémicas estériles en debates radiofónicos o televisivos.

Una ley política no es ciertamente el mejor método para hacer las cuentas con la Historia. El deseo de controlar no solo el presente, sino también el pasado, es una característica común de las dictaduras, que lo actúan a través de la propaganda falsa, de la distorsión de la verdad y de la supresión de los hechos. A veces, las heridas del pasado siguen tan abiertas que incluso gobiernos democráticos se ven obligados a imponer el silencio para salvaguardar la unidad del país.  

Pero la memoria no se puede renegar. En diversos países europeos, la nueva generación de la posguerra, rompió el silencio público con una avalancha de libros y películas sobre las responsabilidades del pasado, animada a menudo de espíritu inquisitorial. Los últimos acontecimientos de España parecen indicar que se quiere ir en la misma dirección. Hijos y nietos de las víctimas del antiguo Régimen quieren remediar el silencio de sus padres y abuelos. Y de repente, la Guerra civil reaparece de nuevo por todas partes: en libros, reportajes televisivos, películas, seminarios académicos, conferencias, etc.

Este fenómeno es a menudo el resultado de una democracia robustecida. Abrir el pasado al público escrutinio refuerza una sociedad abierta, porque los hechos de la historia no pueden ser borrados. Pero, cuando lo hacen los gobiernos, la Historia se convierte fácilmente en instrumento político para penalizar a la oposición. Las campañas oficiales para excavar en el pasado corren el peligro de ser tan dañinas como los vetos impuestos a las investigacio­nes históricas. Y este es un buen motivo para encomendar el debate a los historiadores - que estudian en archivos, analizan documentos y se atienen a los métodos objetivos de su ciencia - y no a simples escritores o directores de cine, que reconstruyen el pasado según prejuicios o ideologías políticas, y no presentan los hechos tal como fueron en realidad sino como su propia fantasía les sugiere. De esta forma se inventa un mito, una ficción que puede ser fascinante, pero nunca responde a la verdad histórica. ¡La Historia deben hacerla los historiadores y no los poetas, novelistas o cineastas y, mucho menos, los políticos!

Las intervenciones de los gobiernos se pueden justificar solamente en un sentido muy reducido. En muchos países existen leyes que prohíben la instigación a la violencia, y esto debería ser suficiente. Algunos van más allá, a veces por motivos comprensibles: la ideología nazi y sus símbolos están prohibidos en Alemania y Austria. Pero aunque este excesivo celo esté ampliamente justificado en dichos países, esto no significa que sea razonable, como principio general, impedir con el instrumento de la ley opiniones que puedan parecer aberrantes o simplemente extravagantes sobre el pasado. La verdad se encuentra solamente si las personas tienen libertad para buscarla. Muchos individuos valientes, hoy como ayer, han arriesgado y a menudo sacrificado su vida por esta libertad. Declarar ilegales algunas opiniones, por cuanto nos puedan parecer perversas o estrafalarias, provoca el efecto de transformar a sus defensores o propugnadores en disidentes.

La libertad de opinión es un principio básico de la democracia. Las ideas se combaten con las ideas y la verdad de la historia no se obtiene con leyes sobre la memoria orientadas de forma partidista para reinterpretar el pasado. Aunque no se compartan las ideas del otro no por ello hay que censurarlas, pues la libertad de expresión vale para todos sin excepciones.

La Guerra Civil española fue un baño de sangre, una historia amarga que da lugar a diversas interpretaciones. Además, es un tema todavía muy candente y susceptible de agudas polémicas, en las que hay algunas coincidencias, pero la mayoría son discrepancias. Es justo que la democracia repudie la dictadura, pero convertir en ilegales las simpatías por el viejo régimen podría revelarse contraproducente: las leyes inadecuadas no incitan a la libertad de pensamiento, sirven solo para obstaculizarla o impedirla. Por ello, es un grave error pretender regular por ley la Historia: se corre el riesgo de utilizarla al servicio de la propaganda y, de este modo, pierde todo su sentido por este servilismo. La «recuperación de la memoria histórica» se convierte en un término pseudo científico y de propaganda ideológica. Más todavía hoy, que vivimos un momento en el que abundan las imprecisiones promocionadas por quienes reivindican con increíble nostalgia ideologías fracasadas y condenadas por la historia.

El método científico del investigador consiste en reconstruir minuciosamente desde los archivos todos los detalles sin hacer concesiones a las ideologías; el intelectual riguroso rechaza cualquier condicionamiento partidista que pueda condicionar, refrenar o reprimir la investigación. A menudo se hace un uso político de la historia y se favorece una cultura del odio, del revanchismo y de la venganza. El historiador no puede erigirse en juez que condena o absuelve sino en maestro que enseña y explica, que comprende e intenta hacer comprender; no está llamado a emitir sentencias o lanzar juicios extemporáneos, sino a recoger los de su tiempo; pero, por desgracia, tanto en discusiones académicas como en obras de divulgación asistimos con frecuencia a una gran falta de rigor científico. Hoy son muchos los que desde las cátedras y los libros hablan y escriben sin poseer requisitos para dar informaciones historiográficas, para analizar los documentos e iluminarlos teniendo en cuenta todas las circunstancias del lugar y del tiempo en que sucedieron los hechos. Aunque posean títulos académicos -¡sabemos con cuanta ligereza se conceden en muchas universida­des!- no tienen la justa calificación para la docencia. Quienes actúan así no hacen Historia, más bien esparcen ideología al servicio del partido político dominante que mejor paga y subvenciona proyectos de investigación, que en muchos casos no sirven para nada. De este modo, la Historia queda contaminada por la política.

La historia debe ser factor de concordia y no de discordia, de comprensión inteligente de todos y no de confusión. El pasado es pasado; hay que asumirlo críticamente para superarlo; hay que reconsiderar los hechos con gran objetividad, aunque no se puedan eliminar las lógicas subjetividades de cada autor; la Historia hay que estudiarla asumiendo errores y reconociendo aciertos.

El autor

Vicente Cárcel Ortí

VICENTE CÁRCEL ORTÍ (1940, Manises-Valencia). Diplomado en Archivística y Biblioteconomía (Vaticano, 1969). Doctor en Historia de la Iglesia (Roma, 1973). Licenciado en Filosofía y Letras (Madrid, 1974). Doctor en Derecho Canónico (Roma, 1976). Doctor en Historia (Valencia, 1978). Autor de numerosos libros y artículos. Entre los más recientes: La gran persecución. España 1931-1939 y Breve historia de la Iglesia en España (Planeta); Historia de la Iglesia en la España contemporánea (siglos XIX y XX) (Palabra); La Iglesia y la Transición Española (Edicep), Caídos, víctimas y mártires. La Iglesia y la hecatombe de 1936 (Espasa-Calpe); Pío XI entre la República y Franco, Mártires del siglo XX en España y Beato Pablo VI. Papa del diálogo (BAC). Tiene en curso de publicación La II República y la Guerra Civil en el Archivo Secreto Vaticano. Documentos desde 1931 hasta 1939. Han salido cinco volúmenes, editados por la BAC.